09 2016
La lucha por el cambio social llega a las instituciones
“No acostumbrarse a la barbarie”, Ada Colau
En España el ciclo electoral que ahora termina empezó hace cosa de dos años y medio, en la primavera de 2014. Los primeros en romper el hielo fueron las gentes de Podemos que, poco antes, habían creado esa potente máquina electoral. Su éxito en las elecciones europeas planteaba la necesidad de “asaltar las Instituciones”; se imponía un cambio de escenario cuyo desenlace era a todas luces incierto pero no por ello menos imperioso. En su estela empezaron a gestarse los proyectos municipalistas como Guanyem Barcelona, luego Barcelona en comú, y los diversos Ganemos que fueron surgiendo por toda la geografía española. Su apuesta se centraba en coger impulso en los movimientos ciudadanos para construir una palanca que permitiera llegar al gobierno de la ciudad. El éxito obtenido en las elecciones municipales de 2014 demuestra el acierto de la apuesta.
Estas iniciativas provienen directamente de las luchas sociales de los últimos años, especialmente de la Plataforma de afectados por las hipotecas (PAH), como es el caso en Barcelona. En otras ciudades crecen en el marco de los centros sociales ocupados y del movimiento 15M e integran a personas activas en las mareas y en los diferentes movimientos de protesta. Se configuran como movimientos socio-políticos y no como un Partido político al uso.
Hay que tener en cuenta que con anterioridad a las elecciones europeas de 2014 había surgido el debate de si era mejor presentarse a éstas o a las municipales y autonómicas que tendrían lugar al año siguiente. Se barajaban diversos argumentos. En contra de presentarse a las europeas se esgrimía la poca importancia de conseguir unos escasos diputados entre los 705 del Parlamento europeo; su capacidad de acción parecía minúscula. A favor el que, al ser todo el territorio una sola circunscripción electoral, era más fácil conseguir los votos necesarios sorteando las trampas de la ley electoral española que es extremadamente injusta pues premia en demasía las zonas rurales y castiga duramente las minorías. Izquierda Unida ha perdido elección tras elección por este motivo. La promotora de Podemos zanjó la discusión presentándose a las elecciones con un partido recién constituido y sin apenas organización. Su éxito fue inesperado para todos, incluidos ellos mismos.
Los Ganemos siguieron un proceso distinto. Todos empezaron lanzando una campaña para conseguir las firmas que pudieran avalar el proyecto. Tanto Guanyem Barcelona como Ganemos Madrid situaron ese primer umbral en 30.000 firmas. Si no se conseguía este primer aval, no parecía oportuno seguir adelante con el proyecto. Afortunadamente se consiguió y a partir de ahí empezaron los debates organizativos y las discusiones sobre el código ético; las nuevas opciones políticas nacían de un proceso amplio de confluencia que evitaba que fuera una sopa de letras y que marcaba, desde el principio, los nuevos criterios de actuación. En Barcelona la figura de Ada Colau, activista reconocida de la PAH, servía como persona de referencia. En Madrid Manuela Carmena se situó posteriormente al frente de la candidatura. En A Coruña fue Xulio Ferreiro; en Cádiz José María González Santos, “Kichi”; en Zaragoza Pedro Santiesteban.
La diferencia entre el proceso de constitución de las candidaturas ciudadanas y el de un Partido político como Podemos resulta relevante y caracteriza el componente de movimiento social incorporado en la “nueva política” pues éste consiste, precisamente, en hacer lo más delgada posible la distancia entre los “profesionales” de la política y las demás personas, de modo que pueda convertirse en una actividad más en la vida de cualquiera. Sólo así, si todos los habitantes de un territorio pueden reunirse, comunicarse, debatir y tomar en común las decisiones que les afectan, la política podrá dejar de ser el negocio de unos pocos.
Por el contrario si en la esfera de la política institucional los partidos son considerados los únicos agentes pertinentes, se refuerza su identidad ideológica y la lógica de competencia entre ellos. Simultáneamente los ciudadanos/as suelen perder interés en una competición por la que no se sienten afectados pero que les impide tomar en sus manos las riendas de su propia vida colectiva. A la larga aumenta la desafección política que en casos de urgencia, como ha ocurrido durante la crisis, deja a los afectados totalmente desamparados, cuando ni las leyes ni los políticos pueden defendernos de las agresiones de unas finanzas fuera de control.
La fuerza de estas iniciativas dimana de la potencia de obrar recuperada por muchas personas en las luchas contra la crisis y también de la dificultad para hacer respetar sus derechos; surge de la necesidad de convertir en ley los derechos conquistados, de poner límites a la voracidad de las fuerzas económicas y de proteger la vida en común; surge de la voluntad de retomar la política como gestión justa de los problemas colectivos. Como señalara Ada Colau “el empoderamiento y la solidaridad nos hacen imparables”[1].
Por estos motivos las candidaturas municipalistas no pueden definirse como partidos políticos sin más, sino que ponen en crisis el concepto clásico de partido y replantean la polémica ideológica: ésta deja de ser una polémica sobre las ideas adecuadas para gestionar la sociedad y pasa a centrarse en los requisitos mínimos que debe tener un gobierno cuya obligación sea asegurar un vivir digno para todas las personas. En este sentido el código ético se vuelve fundamental.
Sin embargo un problema todavía no resuelto radica en la disimetría entre sus componentes: personas pertenecientes a partidos políticos y otras que participan en formas más difusas como asociaciones o colectivos sociales. La disimetría es especialmente visible en los procesos de toma de decisiones. Por lo general los partidos políticos, incluido Podemos, hacen gala de una estructura vertical que transmite las decisiones de arriba abajo. Entre los partidos de izquierda el modelo leninista, estructurado en torno al famoso centralismo democrático, privilegiaba la figura del “revolucionario profesional” en detrimento del trabajador que puede dedicar a la acción política solo una fracción de su tiempo de vida. No digamos en el caso de las mujeres, cuyas múltiples ocupaciones chocan con las exigencias de una militancia exclusiva que resulta gravosa. Aunque las nuevas formaciones han abandonado la figura del “revolucionario profesional” siguen contando con profesionales íntegramente dedicados a la acción política, institucional o no, leales por definición a las cúpulas de sus respectivas formaciones cuya autoridad no es puesta en cuestión.
A diferencia de éste el tipo de activismo presente en los movimientos sociales ya desde los años sesenta introduce una figura más porosa, más preocupada por los procesos horizontales de toma de decisiones, menos proclive a concentrar el poder en las cúpulas, menos apegada al lenguaje bélico y más atenta a propiciar formas de intervención igualitarias. Los movimientos feministas han desempeñado un importante papel en ese cambio de las formas de organización.
Como resultado de todo ello resulta difícil compaginar formas tan distintas de concepción de la acción política en el marco de plataformas de confluencia donde se juntan personas procedentes de las distintas tradiciones, ítem más cuando las señas de identidad partidarias se debilitan en la nueva formación. En ella sus distintos componentes adquieren una nueva configuración y pierden una parte de su identidad de origen. Ésta es su fuerza que, sin embargo, puede representar un punto de no retorno para aquellas formaciones que se integran en ella.
La confluencia a su vez no se constituye como un nuevo partido que engulle todo lo anterior sino que nace como un paraguas común, en cuyo seno no puede imponerse la vieja disciplina de partido. Los protocolos de organización y de toma de decisiones tendrán que ser mucho más democráticos pero el proceso no está exento de tensiones como hemos comprobado a lo largo de todo el proceso y como se ha ratificado con el relativo fracaso de Unidos Podemos en las recientes elecciones estatales que no respetó esas formas en la propia construcción del proceso.
El método “Ganemos”
Así pues las candidaturas municipalistas nacen como un conjunto de dispositivos en red, organizados en torno a grupos de trabajo y plenarios, con coordinadoras integradas por delegados de los diferentes grupos de trabajo cuyas sesiones son abiertas. La capacidad de decisión circula de un modo mucho más horizontal y no se concentra en una cúpula cuyas decisiones sean vinculantes. Eso no significa que haya caos: las decisiones se toman en conjunto y se respetan, pero prima el cuidado de la diversidad, la búsqueda activa del consenso y la identificación de los disensos para que puedan trabajarse y resolverse. Con ello se introduce una dinámica continua de progreso que lima las diferencias y potencia el trabajo en común, apoyándose siempre en metodologías participativas e inclusivas.
El “método Ganemos” resulta así mucho más democrático que cualquier método dirigista y no menos efectivo, como demuestra el ingente trabajo realizado en estos escasos meses. Su mérito es su enorme enraizamiento social y su gran capilaridad que se amplía con un uso inteligente de las redes sociales cuya capacidad para aumentar exponencialmente la amplitud de la comunicación y la velocidad de circulación de los mensajes es sencillamente extraordinaria. En ellas habitan cotidianamente miles de ciudadanos y ciudadanas que raramente vemos en las asambleas, pero que no por ello son integrantes menos activos. La conjunción con Podemos que permitió la configuración definitiva de las candidaturas, aportó el innegable saber hacer de estos/as compañeros/as en lo que tiene que ver con la gestión de los medios de comunicación, y su implantación mediática. La retroalimentación entre los tres espacios: el territorial asambleario, el mediático y el virtual es una de las claves de nuestra forma de hacer.
La dimensión mediática merece una atención especial; sería ingenuo pensar que los medios simplemente reproducen la realidad; más bien al contrario: un trabajo constante crea y recrea unos personajes televisivos a los que nunca hemos visto al natural, transmite mensajes reducidos como si fueran píldoras reconstituyentes, simplifica, codifica, estandariza y construye relatos, figuras y contenidos. Los espectadores suelen prestar una atención distraída a todo ello, pero constituye la materia prima de sus reflexiones, conversaciones y, en último término, de sus preferencias de voto. Contrastan lo que oyen en la gran caja mágica con sus propias experiencias y se entusiasman, se indignan y en último término deciden. El voto es un lazo social muy débil, pero es el único que está al alcance de gran parte de la población que, dado el escaso interés de las Instituciones por hacerse permeables, no tiene ningún acceso a ellas.
El “método Ganemos” no los desdeña; es respetuoso con todos aquellos que no quieren que la política absorba una parte importante de su tiempo o que no pueden permitírselo, pero se esfuerza en ofrecer a cada quien un ámbito mayor de participación en los asuntos públicos. Entendemos que los seres humanos vivimos en comunidad, de modo que los asuntos comunes nos conciernen a todos/as; en el fondo somos mucho más interdependientes y vulnerables que lobos solitarios. Participar de los asuntos comunes no es sólo algo éticamente digno, sino una necesidad cada vez mayor, pues lo que se decide en las Instituciones políticas son cuestiones que afectan diariamente a nuestras vidas: desde los impuestos a las prestaciones sociales, desde las regulaciones de nuestros derechos a las imposiciones gubernativas, desde cosas tan básicas como la educación y la sanidad a otras no menos importantes como la habitabilidad de nuestras ciudades, el derecho al agua y al aire limpios o el bien hacer en asuntos de seguridad ciudadana.
El código ético
Todas las iniciativas municipalistas colocan en primer término el código ético. Eso altera también las nociones habituales en el campo de la ética.
Una tradición establecida tiende a separar la ética y la política pues la ética se entiende como conjunto de normas que deben ser válidas para la conducta de todas las personas, la política como el arte de gobernar a los demás y, por efecto de una antigua tradición de mando, la política pareciera que esté al margen de la ética o por encima de ella. Un mal entendimiento de Maquiavelo coadyuva en esta dirección haciendo de la política una especie de excepción en cuanto a las conductas éticamente apropiadas.
Poner en primer plano de las nuevas iniciativas políticas la cuestión del código ético revierte esta situación y pretende acabar con los privilegios de los políticos, herencia de tradiciones autoritarias. Dicho código obliga a los representantes políticos a comprometerse con un salario medio (2.200€), que está por debajo de los cuantiosos salarios pagados a los altos cargos de determinadas empresas. Compromete también a no tener sobresueldos, a declarar los bienes, a no defraudar a la hacienda pública, a no aceptar regalos, a no colaborar con empresas activas en el ámbito donde el representante haya ejercido su labor al menos hasta cinco años después de dejar el cargo, etc.etc.
Podrá argumentarse que estas condiciones harán que a aquellas personas que están cobrando altos salarios por su condición de técnicos o ejecutivos de importantes empresas no les compense dedicarse a los asuntos públicos y que eso hará que personas preparadas queden al margen de la política institucional. A este argumento puede oponerse el de que si estas personas no están dispuestas a renunciar a sus privilegios por un periodo, escaso debe ser el interés que tienen por los asuntos comunes. No es lógico pensar que con las altas competencias tecnológicas que exige la sociedad actual y con niveles altos de formación de la población en general no existan personas con los conocimientos necesarios más allá de la estrecha capa de los profesionales y técnicos de alta gama. Más bien los acontecimientos recientes parecen indicar lo contrario: multitud de personas preparadas, precarizadas, que no consiguen encontrar buenas salidas profesionales a pesar de su alta preparación. Aprovecharla políticamente podría ser una buenísima idea.
Ciertamente los conocimientos técnicos nunca están de más, pero romper el vínculo que ata actualmente la política institucional con los intereses del capitalismo dominante parece una buena apuesta. Este vínculo se personaliza en las redes clientelares que rodean a las instituciones democráticas representativas y que son capaces de neutralizar a tantos regidores. Las medidas de transparencia económica del código ético deben servir para evitar la creación de tales redes, poniendo fin a la larga historia de corrupción que acompaña la reciente historia de la España democrática. Las medidas del código ético insisten en la transparencia, el control y la rendición de cuentas así como en una batería de medidas contra la corrupción y contra una excesiva profesionalización de la política que blinda los privilegios de los políticos y los coloca en un espacio protegido de las demandas ciudadanas.
Otro aspecto no menos importante del código ético tiene que ver con el rechazo de la financiación a través de los grandes bancos y la exigencia de que los fondos provengan del crowfunding y de pequeñas donaciones y de microcréditos aportados por miles de personas. Esta exigencia pretende revertir la práctica del sistema bancario por el que la financiación de los gastos de los partidos, especialmente de las campañas electorales, se convierte en un elemento de presión ante decisiones políticas que pudieran ser desventajosas para ellos. A los dirigentes políticos de unos Partidos endeudados les resulta difícil sino imposible enfrentarse a las exigencias de sus patrocinadores que acaban redactando directamente las enmiendas legislativas; no pocos se han vanagloriado de ello. Por eso la publicidad de la labor de lobby es un requisito de la nueva política.
Se trata en fin de que las exigencias impuestas a los representantes políticos en su trato con los poderes económicos salvaguarde su independencia de modo que puedan atender como se merecen a las grandes capas de la población que son, en definitiva, quienes les han elegido. Con ello se pretende que las democracias representativas dejen de comportarse como auténticas oligarquías y se acerquen a una mayor democracia.
Pero a pesar de su importancia, el código ético se enmarca en las reglas de la democracia representativa. Pretende cambiar esas reglas haciéndolas más transparentes de modo que garanticen el control de los representantes políticos pero no desborda la propia lógica de la representación. Quedan ambigüedades sobre quien va a ejercer ese control, cómo se pedirán responsabilidades a los gestores públicos, quién decide para el buen funcionamiento del grupo municipal, qué va a ocurrir si algunos de los representantes no se atienen a lo acordado,…En las nuevas corporaciones estamos empezando a comprender que estas medidas, a pesar de su importancia, no están dando todo su fruto pues carecemos de resortes con los que obligar a aquellos y aquellas que ya se han situado en el poder a respetar esos acuerdos. La estructura de las Instituciones públicas es tan vertical y concentra tanto poder en su cúspide que es muy difícil desde los escalones inferiores obligar a quien la ocupa a cumplir con sus obligaciones. Pareciera como si la Realpolitik se encargara, a velocidad de vértigo, de hacer olvidar a los cargos institucionales los compromisos adquiridos.
Redefinir la democracia
En el fondo la nueva política pretende redefinir la democracia poniendo en marcha mecanismos que desborden la democracia representativa en dirección a una democracia participativa e incluso introduciendo ciertas formas de democracia directa. Su carácter de movimiento socio-político se expresa en esta tendencia.
Para eso hay que reforzar aquellas iniciativas centradas en la intervención directa en los asuntos municipales, ya sea desde los barrios creando instituciones específicas como pueden ser las Juntas barriales, ya sea sectorialmente, potenciando los foros y encuentros en áreas de trabajo como educación, sanidad, etc. La descentralización del poder y las experiencias de democracia barrial pueden actuar como contrapoderes efectivos que limiten y controlen el poder institucional. Ser consciente de la necesidad de este contrapoder implica trasvasar recursos y competencias desde las instituciones centrales a esos focos de innovación política, capaces de impulsar una nueva institucionalidad. Se trata de reconocer desde el principio los puntos negros del ejercicio de la autoridad y partir de la conflictividad inherente a una sociedad desigual para intentar encontrar aquellos puntos de equilibrio que permitan avanzar en la transformación. Para ello hay que dar cabida a las iniciativas que desde lo social están ya cambiando el sistema existente.
En este esfuerzo un primer bloqueo surge de los partidos políticos establecidos. Abusando del marco representativo, entienden que sólo los partidos son agentes políticos legítimos y que, por consiguiente, cualquier intento de ampliar los marcos de discusión y, especialmente, de trasvasar decisiones políticas a espacios no representativos y directamente participados, supone un atentado contra su legitimidad.
Ese rechazo está siendo muy fuerte frente a los presupuestos participativos y los nuevos foros de participación distrital. En el primer caso los partidos objetan que una parte del presupuesto pueda decidirse directamente por la ciudadanía; entienden que ese proceso es “poco democrático” ya que da un poder de decisión desmedido a segmentos de la población que no ostentan ninguna legitimidad. No les vale el argumento de que en el mejor de los casos y, dependiendo de la abstención, el partido ganador de unas elecciones no representa más allá del 30% de la población y sin embargo pretende gobernar “para todos”. En ningún caso aceptan que esas decisiones puedan tomarlas ciudadanos no electos, ya sea en asambleas presenciales o virtualmente.
Lo mismo ocurre con los foros de participación vecinal. Se niegan absolutamente a que esos foros puedan tener capacidad decisoria ya que entrarían en colisión con las cámaras representativas. Eso significa que la relación entre representación y participación que, a primera vista, no parecería contradictoria supone un punto de conflicto que, a mi modo de ver, ilumina el carácter restrictivo y oligopólico de la representación política, pone al desnudo la ilusión en que se sustenta. Sin embargo está resultando muy difícil casar esas dos formas de entender la política, dado el privilegio indiscutido de que goza la lógica de la representación y las dudas que genera una participación que en ningún caso es masiva, al menos hasta la fecha.
Se necesita también un nuevo relato, no una ideología en el sentido tradicional del término sino una reinterpretación de la realidad que nos permita comprender cómo y porqué hemos llegado a este punto, que individualice las condiciones mínimas para llevar una vida digna en el marco de sociedades abundantes. La noción de “bien común” cobra ahí nuevo sentido, subrayando cómo las privatizaciones son formas de supeditar ese bien común a intereses de aumento de lucro que no revierten en la sociedad que soporta el gasto. No es sólo la corrupción que se apodera para el uso privado de recursos económicos que proceden de los impuestos pagados por todos los ciudadanos/as, sino el uso de las instituciones públicas y de los puestos de gobierno para engordar empresas privadas que acaparan los servicios que las administraciones deben prestar. Con esta fórmula las administraciones públicas derivan hacia los negocios privados a los usuarios afectados, dándoles un servicio en la mayoría de los casos de peor calidad y empeorando también las condiciones para los trabajadores de esos centros, aunque en contrapartida puedan ofrecer alguna mejora de escaparate. Las privatizaciones y el endeudamiento han sido las fórmulas mágicas para hacer de las administraciones públicas entidades compradoras de servicios privados. Si en las empresas que los ofertan están las personas que ostentan los cargos públicos o sus allegados más directos, el círculo se cierra con expectativas infinitas de lucro continuado cuyo reverso es un endeudamiento continuado de las arcas públicas y un aumento de los impuestos.
Revertir esa situación implica tomarse en serio la remunicipalización de los servicios y el fomento de formas cooperativas y solidarias de producción, capaces de generar otro tejido ciudadano. Implica también cambiar el tejido productivo de la ciudad dando mayor importancia a la formación, a las tareas de cuidados y a los servicios de rehabilitación y adecuación medioambiental de las infraestructuras ciudadanas (rehabilitación de edificios antiguos, adecuación de las redes de agua, gestión de los residuos, actualización tecnológica, etc).
Tras un año en los nuevos Ayuntamientos el balance no es todo lo positivo que quisiéramos. Surgen problemas por doquier tanto para remunicipalizar los servicios que habían sido privatizados, como para imponer formas de gestión más eficaces. Y no digamos para introducir prácticas participativas que son desconocidas para gran parte de la población y boicoteadas directamente por los partidos de la oposición. Los grandes medios de comunicación tampoco nos ayudan. Pero seguimos creyendo que la apuesta merece la pena: ojalá que se extendiera por toda Europa y una democracia más profunda y más masiva lograra cortocircuitar el poder excesivo de unas elites europeas que, con su política del miedo, están rompiendo la Unión. Cualquier transformación en Europa necesita de estas nuevas experiencias y nosotros, los gobiernos municipales de nuevo cuño de la Europa del Sur, la necesitamos desesperadamente. Sin ella no podremos evitar el choque con nuestros Estados profundamente endeudados y unas Instituciones europeas que nos desprecian.
[1] Colau, Ada y Alemany, Adrià, Sí se puede, Barcelona, Destino, 2013, P. 8.